El Concejal Mario Rodríguez, electo el domingo pasado Presidente del Comité de Distrito de la Unión Cívica Radical de General Pueyrredon, apoyó de manera contundente la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de descabezar a la cúpula del servicio penitenciario. «Es una decisión valiente, que todos debemos acompañar, la intervención del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, denunciado por múltiples casos de corrupción, y el desplazamiento de la cúpula y de más de 132 agentes».
«Coincidimos con la postura expresada por el legislador de mi partido, el Senador Provincial Carlos Fernández, definiendo al Servicio Penitenciario como una de las patas de la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires. Hoy tenemos un nivel de reincidencia del orden del 43%, y alojados más de 32 mil internos, donde no entran 25 mil. Las condiciones de hacinamiento, los problemas severos que hay con la provisión de los alimentos, las drogas que existen dentro de las cárceles, son algunas de las cuestiones a modificar de manera urgente. El control civil de dicha fuerza es un avance notable en sentido positivo», expresó Rodríguez.
El Sistema Penitenciario Bonaerense incluye 52 unidades penales, tres alcaidías penitenciarias y seis alcaidías departamentales. La población carcelaria supera las 32 mil personas, y cuenta con 19.422 oficiales para mantener la seguridad: 6.407 de ellos son oficiales, mientras que 13.015 son suboficiales. La sobrepoblación, según un informe presentado por la Comisión Provincial por la Memoria ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, meses atrás, alcanza el 87%. El mismo informe advirtió que entre 2014 y 2015 en las instituciones de encierro en la provincia de Buenos Aires la tasa de muertes violentas -que incluye homicidios, suicidios y accidentes- aumentó un 25% y también se incrementaron las muertes por situaciones de salud no atendidas, que elevó la cantidad total de muertes de 121 en 2014 a 139 en 2015. Durante 2015 se registraron 18.000 denuncias por torturas en cárceles provinciales.
Esta medida trascendente y profunda de María Eugenia Vidal, se suma al pase a «retiro activo obligatorio» de un número importante de comisarios generales, y demás miembros de las fuerzas policiales, en su lucha contra las «mafias» dentro de la estructura policial. Se trató del inicio de una serie de modificaciones a través de las cuales le quitó el manejo de cajas millonarias a la Policía. Además, encaró una reforma en el entrenamiento y capacitación de las autoridades bonaerenses y la Policía Local.